Primero Justicia reclamó a la Defensora del Pueblo sus declaraciones sobre presos políticos en Venezuela

La secretaria nacional de Justicia Social y miembro de la junta directiva de Primero Justicia, Elenis Rodríguez consignó un documento de protestas ante la oficina principal de la Defensoría, para denunciar las recientes declaraciones de la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez durante su visita a Madrid, en la cual desmentía la existencia de presos políticos en el país y la violación de los derechos humanos.

La dirigente manifestó tener la sensación de que la Defensora del Pueblo carece de conocimiento en materia de derechos humanos, pues, según Rodríguez, fue lo que dejó ver en su ponencia durante el XIV Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), al decir que en Venezuela no existían presos políticos sino personas encarceladas por haber cometidos delitos durante las manifestaciones.

Yo le pregunto entonces a la defensora Ramírez, quién es el que ha dado ordenes con su discurso soez y violento para que le echen gas del bueno a los venezolanos que salimos a protestar, amparados en un derecho constitucional. ¿Quiénes son los que tienen las armas en este país?, manifestó Rodríguez.

Indicó que los ciudadanos tienen derecho a salir a las calles y protestar por las irregularidades, y que manifestar no puede ser causal de delito o escusa para encarcelar a alguien. Recordó a los presos políticos y todos aquellos venezolanos que han tenido que pedir asilo a otros países.

De igual forma, Rodríguez añadió que la violación de los derechos humanos no sólo aplica para los privados de libertad, perseguidos y exiliados políticos, sino que también abarca a aquellos trabajadores que se les viola su derecho al trabajo y a la reivindicación salarial.

Le cito un caso emblemático a la Defensora, cuando ella era diputada, y Presidenta de la Comisión de Familia para ese entonces, en la cual llamaron- mediante un subterfugio- a un concurso de cargos ocupados y en donde se dejó en la calle a más de 60 trabajadores, entre ellas mujeres que gozaban de fuero maternal y tenían medida cautelar; aún así la Asamblea Nacional desacató las providencias administrativas de los trabajadores emanadas del Ministerio del Trabajo, explicó.

En tal sentido, exhortó a la defensora Ramírez para que ejerza sus funciones como órgano independiente, cuya misión es proteger y velar por los intereses de la comunidad frente a los actos defectuosos, irregulares, abusivos, arbitrarios o negligentes.

Le exigimos a la Defensora que pida justicia para los trabajadores de PDVSA Gas, en Carabobo, Zulia y Anzoátegui; para los trabajadores de la Asamblea Nacional; a los trabajadores del Metro y de la Universidad Central de Venezuela, porque queremos que se ponga al lado del pueblo

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