Gustavo Rojas: “Ésta no es una crisis financiera, es una crisis de supervisión del Estado”

El economista y dirigente de Primero Justicia, Gustavo Rojas, aseguró que “ésta no es una crisis financiera, sino una crisis de supervisión del Estado”, a propósito de la intervención a puertas cerradas de los bancos Canarias, Confederado, Banpro, Bolívar, Central, Baninvest y Banco Real, y pidió órganos de supervisión fuertes que vigilen el funcionamiento del sistema financiero venezolano.

Durante una rueda de prensa ofrecida este miércoles, Rojas denunció la irresponsabilidad del Estado al autorizar a sus bancos (Banfoandes, Banco del Tesoro, Bandes y Banco Industrial de Venezuela) a prestar 17 mil millones de bolívares a las siete entidades financieras hoy intervenidas que, entre todas, apenas sumaban un capital de 10 mil millones de bolívares.

Dijo no entender cómo se colocó ese monto en instituciones pequeñas manejadas por banqueros piratas, mientras el déficit de todas las regiones del país alcanza los 7 mil millones de bolívares.

“El Presidente intentó echarle la culpa primero al capitalismo salvaje y luego a un sector de la banca, pero después de algunas semanas ha demostrado que todo ocurrió por falta de una fuerte e idónea supervisión bancaria”, dijo el economista.

Denunció la irresponsabilidad de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) al hacerse la vista corta ante las fusiones y compras de bancos de pequeña monta, autorizadas en los últimos años, así como la negligencia del Fondo de Garantía y Protección de los Depósitos Bancarios (Fogade) al renunciar a sus funciones originales para financiar operaciones de Pdvsa.

“La Sudeban y Fogade no actuaron a tiempo y se hicieron la vista corta porque estas operaciones implicaban a personas que tenían fuertes vínculos con personeros del gobierno. Si ustedes revisan los balances financieros de los siete bancos intervenidos a septiembre de este año, se encontrarán con que todos los bancos del Estado les prestaron 17 mil millones de bolívares, recursos que el propio gobierno ha negado a estados y municipios para invertir en vivienda, salud, educación, seguridad y servicios públicos”, aseveró.

Los eficientes y los piratas

Gustavo Rojas dijo que el sistema financiero venezolano se divide en dos: “la banca privada sólida y eficiente que sabe administrar los riesgos y el grupo de bancos administrado por los nuevos banqueros inexpertos en el manejo financiero”.

Aseguró que a la lista de los siete bancos intervenidos a puerta cerrada hay que agregar el Banco Industrial de Venezuela, cuya averiguación se inició hace algunos meses porque las malas administraciones lo llevaron al quiebre.

Ante los señalamientos del Presidente, según los cuales se acabó la hegemonía de la banca privada para dar paso a la hegemonía de la banca pública, Rojas se preguntó “¿quién administrará la banca estatizada? ¿Los mismos que quebraron el BIV, el Banco del Pueblo, el Banco de la Mujer y el Instituto Municipal de Crédito Popular?”.

“Ese mensaje del Presidente de querer echarle la culpa a la economía, se le revirtió. Hoy todo el país sabe que los bancos intervenidos son los que están relacionados con altos personeros del gobierno. El Presidente no tiene moral para criticar a la banca comunitaria que algunas entidades financieras tradicionales han desarrollado con mucho éxito, porque los bancos del Estado no han asumido el rol para el cual fueron creados”, acotó.

Órganos de supervisión fuertes


De acuerdo con lo manifestado por el dirigente de Primero Justicia, el Estado venezolano requiere de órganos de supervisión fuertes, que hagan cumplir las reglas en materia financiera.

Venezuela necesita una Sudeban mucho más enérgica que estudie con detalle las solicitudes de fusión o venta de entidades financieras y que revise las operaciones autorizadas por la Comisión Nacional de Valores; un Fogade que informe permanentemente a los clientes de los bancos sobre sus derechos y deberes y los oriente a resolver situaciones como las generadas por la intervención de estos siete bancos; un Banco Central que aplique correctamente las políticas monetarias y financieras y una Asamblea Nacional que legisle de manera oportuna sobre la materia y no cuando se presenta la contingencia.

Rojas vio con buenos ojos la aprobación, en primera discusión por parte de la Asamblea Nacional de la reforma a la Ley General de Bancos, que amplía la garantía a los ahorristas de 10 mil a 25 mil bolívares fuertes, pero propuso que el límite se incremente aún más.

Aunque no aprobó el que se haya sancionado el aumento de la prima que pagan los bancos semestralmente al BCV a 1,25%, porque esos costos se traducirán en un incremento de las tasas activas. “En este caso, pagarán justos por pecadores”.

“Creemos que Fogade debe garantizar los depósitos hasta 50 mil o 100 mil bolívares, porque para mucha gente, esos recursos representan los ahorros de su vida”, puntualizó.

La garantía de 10 mil bolívares que actualmente se reconoce, fue aprobada en la Ley de Emergencia Financiera decretada en 1995 luego de la crisis de 1994, en la cual los ahorristas perdieron millones de bolívares, pues para entonces la garantía sólo cubría 4 millones de bolívares.



Fogade es el seguro que garantiza los depósitos de los ahorristas y a los bancos les corresponde pagar las primas.

En nombre de Primero Justicia, Rojas propuso (además de incrementar el tope de la garantía a 100 mil bolívares fuertes), aprobar mecanismos que prohíban a Fogade financiar al Estado como lo ha hecho con Pdvsa y que el BCV peche más a los bancos riesgosos y menos a los que tienen más fortalezas, pues de alguna manera los menos fuertes deben hacerle frente a situaciones como la generada recientemente.

“Creemos en una economía social de mercado como alternativa al socialismo del siglo XXI y al neoliberalismo salvaje, como opción para construir el futuro que nos merecemos”,


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