En el marco del séptimo aniversario de los sucesos del 11 de abril de 2002 la Fundación Justicia y Democracia (FJD) realizó el foro denominado “La justicia en Venezuela: ¿ciega o arrodillada?” en el que se analizó la situación actual del sistema judicial venezolano. El evento contó con la participación del abogado José Luis Tamayo, defensor de los comisarios Vivas, Forero y Simonovis, condenados por los sucesos del 11 de abril de 2002; Antonio Rosich, representante del Foro Penal Venezolano y VIVE; Alberto Arteaga, abogado penalista; Negar Granado, abogado del caso Poleo y Malvina Pesate, una de las víctimas del 11 de abril. Todos los ponentes coincidieron en que la justicia venezolana se encuentra a parcializada y subordinada a los mandatos del Gobierno Nacional.
El Presidente de la Fundación, Shully Rosenthal, señaló en su discurso de bienvenida, que la situación del sistema judicial en Venezuela es preocupante, en virtud de la politización de aquellas decisiones que afectan injustamente a ciudadanos cuyo pensamiento es distinto al oficialista, “un pueblo sin justicia está condenado”. Explicó que, hoy por hoy, la justicia venezolana sólo sirve para amedrentar, “cuando vemos esos dictámenes sin pruebas, son señales del Gobierno para generar miedo”.
Por otra parte, el jurista José Luis Tamayo aseguró que todos los policías fueron condenados sin pruebas, y expresó que tiene un trabajo adelantado que demuestra la cantidad de manipulaciones de la película “claves de una masacre” para tratar de inculpar a los comisarios y policías por lo que, calificó de absurda y política la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En su intervención, el abogado penalista Alberto Arteaga, instó a seguir luchando por el derecho y la justicia en el país, al tiempo que calificaba de dictamen político y no de sentencia lo ocurrido a los policías implicados en los hechos del 11A. Otro de los ponentes invitados, Negar Granado indicó que todo el proceso fue ilícito debido a que condenaron sin determinar la responsabilidad que tienen los policías en hechos punibles. Granado señaló que la justicia venezolana está arrodillada, “y ciertamente debería ser ciega, sin predilección, sin preferencias, sin miramientos, ni tintes políticos, una justicia respetable y responsable”.
Una de las victimas del 11A, Malvina Pesate expresó que se debía agradecer al Gobierno por diversas razones que la hicieron reaccionar ante todos los sucesos que han ocurrido en los últimos años dentro del país. “Por la pasividad que ayudó a conducir al país a una dictadura. El Gobierno nos enseñó a opinar y no dejarnos llevar por lo que digan los demás. A respetar la constitución y a vivir en democracia porque sin ella se pierden todos los derechos”, argumentó.
Pesate aseveró que se debe buscar la estrategia para llegar a todos los venezolanos y hablar de todas las realidades y verdades que ocupan al país, “debemos decirle a todos que la justicia está manipulada y sometida”. “La justicia es injusta cuando la democracia es dictadura”, concluyó.
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