Elenis Rodríguez, secretaria general de la organización Justicia en La Calle del partido Primero Justicia, acudió a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la remoción de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, "pues sus actuaciones no están ajustadas a derecho". "Estamos solicitando la remoción porque la fiscal nos ha mostrado en todos estos meses que ella cambio su ética profesional por una etiqueta política y aquí todos somos iguales ante la Ley".
Explicó que la organización Justicia en la Calle, por toda la situación que se ha presentado en el país con la detención de varios ciudadanos y por el olvido en que terminan muchos de los casos que son denunciados ante la Fiscalía, realizaron un cuadro comparativo de denuncias desde el año 2008 hasta lo que va del 2009 y "no hemos tenido respuesta alguna, tomando en cuenta que en cada investigación solicitada ya hay fiscales asignados". Argumentó que el documento entregado a la abogada de la Sala Penal, "está basado en lo que dice la Ley Orgánica del Poder Ciudadano en su artículo 22 que señala que el Fiscal General puede ser removido ante la Asamblea Nacional previo a la decisión de la Sala Plena del TSJ porque incurrió en faltas graves y por querer violentar y amenazar, menoscabando los derechos fundamentales establecidos en la Constitución como es el derecho a la protesta que lo establece el articulo 68".
Asimismo, indicó que la fiscal Luisa Ortega Díaz, "ha incurrido en irregularidades porque no se ha pronunciado en casos muy concretos donde están involucrados personas afectas al oficialismo, mientras que ha sido muy diligente en los casos de personas que disienten del Gobierno". "Por ejemplo cuando el 13 de agosto los periodistas salieron a protestar a la calle y fueron agredidos brutalmente por gente afecta al Gobierno, el resultado es que los agresores están en libertad; sin embargo, un estudiante que por defender sus derechos constitucionales sale a la calle a manifestar, es privado de su libertad y recluido en Yare".
De igual manera, se refirió a los casos del prefecto Richard Blanco y de los 11 trabajadores de la Alcaldía Mayor, argumentando que se han violado los derechos humanos y el derecho al debido proceso. "La fiscal General ordenó la privativa de libertad de Richard Blanco y de los 11 trabajadores de la Alcaldía y pidió el traslado inmediato a los centros penitenciarios, todo a través de las cámaras de televisión, mientras que a la dirigente oficialista Lina Ron es privilegiada en una supuesta privativa de libertad que no nos consta porque no hemos visto en ningún momento su presentación de audiencia en los Tribunales", agregó.
Copyright ©2009 primero justiciaExplicó que la organización Justicia en la Calle, por toda la situación que se ha presentado en el país con la detención de varios ciudadanos y por el olvido en que terminan muchos de los casos que son denunciados ante la Fiscalía, realizaron un cuadro comparativo de denuncias desde el año 2008 hasta lo que va del 2009 y "no hemos tenido respuesta alguna, tomando en cuenta que en cada investigación solicitada ya hay fiscales asignados". Argumentó que el documento entregado a la abogada de la Sala Penal, "está basado en lo que dice la Ley Orgánica del Poder Ciudadano en su artículo 22 que señala que el Fiscal General puede ser removido ante la Asamblea Nacional previo a la decisión de la Sala Plena del TSJ porque incurrió en faltas graves y por querer violentar y amenazar, menoscabando los derechos fundamentales establecidos en la Constitución como es el derecho a la protesta que lo establece el articulo 68".
Asimismo, indicó que la fiscal Luisa Ortega Díaz, "ha incurrido en irregularidades porque no se ha pronunciado en casos muy concretos donde están involucrados personas afectas al oficialismo, mientras que ha sido muy diligente en los casos de personas que disienten del Gobierno". "Por ejemplo cuando el 13 de agosto los periodistas salieron a protestar a la calle y fueron agredidos brutalmente por gente afecta al Gobierno, el resultado es que los agresores están en libertad; sin embargo, un estudiante que por defender sus derechos constitucionales sale a la calle a manifestar, es privado de su libertad y recluido en Yare".
De igual manera, se refirió a los casos del prefecto Richard Blanco y de los 11 trabajadores de la Alcaldía Mayor, argumentando que se han violado los derechos humanos y el derecho al debido proceso. "La fiscal General ordenó la privativa de libertad de Richard Blanco y de los 11 trabajadores de la Alcaldía y pidió el traslado inmediato a los centros penitenciarios, todo a través de las cámaras de televisión, mientras que a la dirigente oficialista Lina Ron es privilegiada en una supuesta privativa de libertad que no nos consta porque no hemos visto en ningún momento su presentación de audiencia en los Tribunales", agregó.
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