Carlos Guillermo Arocha
Últimas Noticias, 18
Si alguna política pública es impostergable en la Venezuela de nuestros días es la referente a seguridad ciudadana. Justamente la que no existe. De manera directa o indirecta prácticamente todos los venezolanos hemos sido afectados por la criminalidad desbordada. La gran mayoría de los hechos delictivos ya ni se denuncian, porque además, se ha perdido totalmente la confianza en las autoridades policiales y judiciales, así como en su capacidad de administrar justicia.
El problema se ve agravado en la medida en que la sociedad va asimilando esta situación como algo normal y cotidiano. Los niveles de violencia en nuestro país se han ido incrementando de forma alarmante, a tal punto que en la actualidad estamos entre los países más peligrosos de América Latina.
Por mencionar uno de cientos de casos, entre las noticias de los últimos días vimos con asombro como el autor del asesinato de nuestro amigo justiciero el diputado Alberto Crisafi, sólo estuvo en prisión 93 días, luego de los cuales logró salir en libertad con una medida cautelar a su favor.
Pero lo más insólito es que ahora se le encuentra nuevamente vinculado a la muerte del coronel Héctor Trade y presuntamente incurso, junto con otros miembros de su banda de malhechores, de por lo menos doce secuestros en los cuales tres de sus víctimas fueron asesinadas.
Paralelamente sorprende ver cómo se envía a Yare y al Rodeo respectivamente al prefecto de Caracas, Richard Blanco, y al estudiante carabobeño Julio Rivas, por razones netamente políticas. Son dos nombres más en una larga lista de perseguidos del régimen, con los que se tiene la mayor mano dura y falta de cualquier consideración humanitaria. Es decir, se castiga al inocente y se da libertad al culpable. En cualquier país del mundo el Ministro del Interior y el Fiscal General tendrían que responder por este tipo de situaciones, al menos con la renuncia o la destitución de sus cargos.
El Gobierno ha dado demostraciones en diez largos años de ser un completo fracaso en el área de seguridad ciudadana. No es capaz de frenar la criminalidad. Por el contrario, el propio estilo y discurso oficial está cargado de violencia. Cada día la situación empeora. Los ciudadanos decentes viven enrejados y los criminales en las calles. Hoy la lucha contra la delincuencia no tiene importancia.
La prioridad es la criminalización y control de la disidencia y el mal uso de todo el poder del Estado para atacar a los medios de comunicación, a los dirigentes políticos, estudiantiles, y a todo el que no baje la cabeza.
Son muchas y complejas las acciones que deben emprenderse para atajar el problema antes que se vuelva absolutamente incontrolable. Pero una de ellas es clave: Que el Gobierno nacional entienda que no es a los que piensan distinto a quienes deben encarcelar, sino a los delincuentes que están matando a los venezolanos. (Últimas Noticias)
UN, 18
Enviado desde mi BlackBerry de Movistar
No hay comentarios.:
Publicar un comentario